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Lo he advertido en este mismo espacio, en La Luciérnaga y en mis redes hace tres años: los caóticos procesos que ha adelantado el gobierno Petro para asumir el pleno control del sistema de pasaportes del país tienen muchos más intereses que la jugosa comisión para los intermediarios. Desde mayo de 2023, cuando alerté acerca de los enredos de la primera licitación abierta por la Cancillería, al mando en ese momento de Álvaro Leyva Durán, mi seguimiento ha demostrado una y otra vez que a Petro le interesa sobremanera tener todos nuestros datos para ejercer el absoluto dominio sobre nuestros pasaportes para decidir a quién le entrega, a quién le dilata o a quién le enreda el documento. En resumen, quién sale y quién no del país.
O también entregarles pasaportes falsos a amigos non sanctos como terroristas de de Hezbolá o de Hamás, o prófugos venezolanos cuando termine de caer esa dictadura, que entre otras les dio documentos falsos a más de 10.000 sirios, iraquíes e iraníes desde los consulados venezolanos de Damasco, en Siria, y Bagdad, Irak.
Después del fracaso del Muro de Berlín, no hay mecanismo más eficaz para mantener a raya a la oposición que manipular el otorgamiento de un pasaporte. La dictadura cubana tiene muy bien aceitada la herramienta desde hace más de 60 años y sus alumnos Chávez y Maduro lo han ejecutado con toda propiedad hace poco más de 15 años.
Hoy, pasados 44 meses del gobierno, anuncian que ya tenemos “pasaporte soberano con dignidad”, curiosa manera de llamarle a un documento hecho en Portugal y Francia, pagado en euros, a través de un convenio abiertamente ilegal. Soberano, la palabra favorita de Chávez que aplicó incluso en los billetes de “bolívares soberanos”.
No sobra recordar por qué: la empresa portuguesa Casa da Moeda (INCM), si bien es de propiedad 100% estatal, NO es una “persona jurídica extranjera de derecho público”, como falsamente lo firmaron en el convenio por 10 años y más de $1.3 billones de precio (a precio de euros hoy). La INCM, según estatutos y leyes que la crearon, es una sociedad anónima de capital público, regida por normas de derecho privado.
Las normas en que se sustenta el convenio NO aplican para contratar producción de pasaportes ni con una sociedad extranjera, menos a dedo. Esas normas se refieren exclusivamente a convenios o contratos financiados - o por donación - con fondos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Y también se actúa en contravía de la Sentencia C-249/04 de la Corte Constitucional y se han violado normas que protegen a la industria nacional en contratación pública.
Pese a tantos elementos de ilegalidad, el Tribunal de Cundinamarca - que tiene en sus manos el presente y futuro de este proceso - ha sido intimidado por los ataques frecuentes de Petro, y parece amilanado para tomar una decisión que frene este desafuero jurídico.
PD. “Aun es de noche en Caracas”, la película protagonizada por la colombiana Natalia Reyes, es una poderosísima evidencia de hacia dónde quieren llevar a Colombia, incluyendo cómo se tramitarán después los pasaportes. Está en Netflix.
