El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión tomada este martes, negó el preacuerdo de la Fiscalía suscrito por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y testigo estrella de la Fiscalía en el caso de corrupción de los carrotanques de La Guajira en 2024.
La decisión fue tomada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano. Se trata de una confirmación de la decisión que ya había tomado el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá.
Más temprano López, a través de una carta y en lectura realizada en la audiencia, dijo: “Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, escribió López en el documento, al que también agregó: “Si la justicia requiere más, habrá más”.
Pablo Bustos, representante de víctimas en el caso y presidente de la Red de Veedurías, dijo que el Tribunal decidió ratificar la negativa al preacuerdo entre la Fiscalía y López al encontrar errores sustanciales en su estructuración por parte del ente acusador.
Según explicó la decisión fue enfática en señalar que el acuerdo no cumplía con los requisitos legales, lo que obligó a mantener la decisión previa del juzgado que ya lo había rechazado.
Entre las principales fallas, “el tribunal identificó que la Fiscalía imputó incorrectamente los delitos”, al considerar solo dos cuando en realidad serían tres casos de peculado.
Esta omisión, dice, tuvo efectos directos en el cálculo del dinero que debía reintegrar López, así como en la multa impuesta, ambas por debajo de lo que correspondería legalmente. En consecuencia, también se vio afectada la pena de prisión, que resultaría mayor al incluir el delito faltante.
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Bustos cuestionó duramente a la Fiscalía, señalando que desde la imputación y la acusación se cometieron errores graves que terminaron afectando todo el proceso.
“Estamos frente a una Fiscalía que de manera ligera e irresponsable no supo identificar los tipos penales que allí estaban, y pone, sin duda, en un entredicho el andamiaje jurídico y la solidez del mismo, en la medida en que obliga a a realizar unas adiciones y, por tanto, a generar unos desarrollos de nuevas imputaciones y nuevos señalamientos que hasta ahora no habían sido debatidos”, dijo Bustos en diálogo con EL COLOMBIANO.
Añadió: “Seguramente van a dilatar un poco la materialización de las condiciones de colaboración de Olmedo López, que paradójicamente, ha sido el principal responsable y testigo, y de los primeros que han colaborado, pero ahora tiene todos estos impases, a pesar de la trascendencia e importancia de su colaboración efectiva hasta ahora”.
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A pesar de este revés, Olmedo López sigue siendo testigo principal de la Fiscalía. Es decir, que se haya caído el preacuerdo no implica que su principio de oportunidad con el ente acusador esté en riesgo.
Bustos explicó el escenario posible que se viene. “Su capacidad de colaboración podría verse limitada mientras se redefine su situación penal, ya que aún debe resolverse con precisión por cuáles delitos será condenado y en qué condiciones”.
El proceso ahora deberá regresar al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, donde la Fiscalía tendrá que corregir los errores señalados por el tribunal.
Esto implicará ajustar la imputación, recalcular los montos económicos y redefinir la pena, lo que previsiblemente aumentará las sanciones y prolongará los tiempos del proceso.
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