No han sido buenas semanas para los fiscales que investigan la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recientes decisiones judiciales han puesto en entredicho su actuación, en medio de errores y acuerdos cuestionados que han terminado favoreciendo a varios de los principales implicados.
Uno de los hechos más recientes fue la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de confirmar la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido cobijado con medida de aseguramiento en diciembre de 2025. El alto tribunal avaló su excarcelación por vencimiento de términos, luego de que la Fiscalía no presentara a tiempo el escrito de acusación.
Según el expediente, Bonilla fue vinculado formalmente al proceso el 1 de diciembre de 2025, lo que activó un plazo legal de 120 días, hasta el 31 de marzo de 2026, para que la Fiscalía radicara la acusación. Sin embargo, el documento fue presentado el 7 de abril, es decir, seis días después de vencido el término. Esa demora obligó a la justicia a ordenar su libertad inmediata.
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A este panorama se sumó una denuncia radicada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema que llevaban el caso.
La denuncia señala a los fiscales María Cristina Patiño (Fiscal 9) y Gabriel Sandoval Vargas (Fiscal 11) como presuntos responsables de permitir la libertad del exministro por un “vencimiento deliberado” de términos. Según el documento, no existía ninguna justificación técnica para la demora en la radicación de la acusación, pues el material probatorio ya estaba disponible con anterioridad.
“El escrito se presentó seis días después del vencimiento legal, pese a que no hubo nuevas pruebas ni diligencias que lo justificaran”, sostiene la denuncia.
Por estos hechos, se pide investigar a los fiscales por los delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad, concierto para delinquir y favorecimiento.
Además, Bustos, en representación de víctimas como la comunidad indígena Pororú en La Guajira, advirtió sobre el riesgo que implica la libertad de Bonilla. Dice que el exministro haría parte de una estructura con capacidad de interferir en la justicia, lo que convierte su excarcelación en un asunto de “grave impacto institucional”.
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