La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, no ha salido de una polémica cuando ya está en otra. Primero fue el escándalo del 8 de abril con la rumba vallenata de jefes de bandas del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí, que llevó a la suspensión de esa mesa de paz con el Gobierno.
Y ahora el panorama se le complica aún más: el presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, confirmó ayer que la Sala de Instrucción adelanta cuatro indagaciones previas contra la senadora.
Entre ellas figuran la polémica fiesta en la cárcel antioqueña; denuncias de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago por presuntas presiones y amenazas en el contexto de operativos antiextorsión en 2024, y los hechos relacionados con el llamado “tarimazo” en Medellín.
La exministra, consultada por EL COLOMBIANO, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones por las denuncias que ella misma presentó, relacionadas con presuntas presiones de la senadora Zuleta en medio de cuestionamientos sobre beneficios otorgados a internos de la cárcel de Itagüí mientras ella fue funcionaria y como hoy está evidenciado con la polémica fiesta con el cantante Nelson Velásquez.
Buitrago recalcó que todo proceso de paz debe ajustarse estrictamente a la ley y a las normas penitenciarias: “Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley y respetando las disposiciones carcelarias y las condenas proferidas por los jueces; es ahí donde realmente adquiere valor”.
En esa línea, explicó que el sistema carcelario impone una serie de obligaciones ineludibles, como la realización de requisas, la verificación de elementos dentro de los centros de reclusión y la prevención de conductas no permitidas.
Según dijo, fue precisamente el cumplimiento de estos protocolos lo que generó incomodidades y cuestionamientos en su contra por parte de Zuleta. “Se presentaron afirmaciones de que yo no quería la paz, de que era enemiga de la paz e incluso que iba a acabar con el proceso”, dijo, al tiempo que insistió en que para ella cumplir la ley no es una opción, sino “una regla de vida”.
Desde ese contexto, la abogada fue enfática en rechazar cualquier tipo de trato diferencial dentro de los centros penitenciarios, como quedó en evidencia con la fiesta realizada en esa prisión antioqueña con el cantante Nelson Velásquez.
A su juicio, “es imposible pensar en privilegios o excepciones en un sistema carcelario, más aún cuando se trata de personas condenadas”, subrayando que el principio de igualdad debe prevalecer sin excepciones.
¿Siguen las presiones?
Buitrago también se refirió a situaciones puntuales relacionadas con la cárcel de Itagüí, aunque evitó mencionar nombres propios. Indicó que varios de los hechos están vinculados a dinámicas alrededor de espacios como la mesa sociojurídica de paz, donde, según explicó, el contexto exige incluso mayores niveles de control.
“Este entorno obliga a una mayor severidad en las disposiciones, porque pueden generarse vacíos de control o escenarios de riesgo, incluso para las mismas personas privadas de la libertad”, advirtió.
En ese sentido, alertó sobre irregularidades en el ingreso de personas y objetos a ese centro penitenciario que venía alertando desde el año pasado, lo que desató el malestar de la senadora Isabel Zuleta, delegada del gobierno para ese proceso con las bandas del Valle de Aburrá.
“Se veía cómo entraban personas sin registro claro, así como materiales y paquetes de todo tipo, lo que evidencia que el riesgo es latente”, afirmó.
Buitrago aseguró que todos los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde el año pasado y hacen parte de las investigaciones en curso, una de ellas en curso por parte de la Corte Suprema.
Frente a la pregunta sobre si la senadora Zuleta le ha escrito o se ha comunicado con ella desde que pasó la fiesta del 8 de abril, la exministra María Ángela Buitrago respondió que “sí, pero ese es un tema de investigación y yo no lo puedo contar”.
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ANEXO: Investigan a vallenatero
La Fiscalía abrió una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de las investigaciones por la rumba realizada el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí.
En paralelo, el ente acusador también investiga posibles hechos de prevaricato por omisión relacionados con el ingreso del artista y su equipo al establecimiento penitenciario. La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para profundizar sobre el origen de los recursos utilizados para el evento, bajo la hipótesis de que podrían provenir de actividades ilícitas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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