La Alcaldía de Bogotá defendió la expedición del Decreto 117 de 2026, una normativa que ha generado polémica al establecer nuevas restricciones para las ventas informales en la ciudad, con el argumento de proteger la salubridad y la seguridad en el espacio público.
La medida, que regula actividades de comercio ambulante, prohíbe el uso de cilindros de gas y sustancias inflamables en las calles, así como prácticas como la venta de alimentos sin condiciones adecuadas o la prestación de servicios informales como peluquería, tatuajes e incluso procedimientos odontológicos en vía pública. Según el Distrito, el objetivo es equilibrar el derecho al trabajo con la protección de la salud de los ciudadanos y la recuperación del espacio público.
La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, explicó que uno de los puntos más sensibles es la restricción al uso de pipetas de gas, ampliamente utilizadas por vendedores de alimentos. “La manipulación inadecuada puede generar emergencias”, señaló, al insistir en que se habilitarán zonas especiales y esquemas organizados, como espacios tipo ‘food trucks’, que cumplan con normas sanitarias.
Además del riesgo de accidentes, la administración distrital ha puesto el foco en las condiciones de higiene. Las autoridades advierten que la preparación de alimentos en entornos no controlados puede derivar en problemas de salud pública, por lo que el decreto busca establecer estándares mínimos para este tipo de actividades.
Otro eje clave de la normativa es la recuperación del espacio público, que, según el Distrito, en algunos sectores ha sido ocupado por estructuras ilegales. En ese sentido, la administración busca diferenciar entre vendedores en condición de vulnerabilidad y aquellos que operan dentro de esquemas más organizados, incluso vinculados a redes que controlan zonas específicas de la ciudad.
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Como parte de la estrategia, se contempla la creación de rutas autorizadas, espacios regulados y alternativas como zonas bajo puentes o áreas designadas para el comercio informal. La idea, según las autoridades, es garantizar tanto la movilidad de los peatones como la continuidad de las actividades económicas.
El decreto también pone bajo la lupa servicios informales que representan riesgos sanitarios, como procedimientos odontológicos o estéticos realizados en la calle. “Estas prácticas deben cumplir condiciones estrictas”, advirtió Bastidas, al señalar que su realización en vía pública puede exponer a las personas a infecciones y complicaciones de salud.
Pese a las críticas, el Distrito insiste en que no se trata de eliminar el sustento de los vendedores, sino de reorganizarlo. A través de entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES), se ofrecerán programas de capacitación, formalización y reubicación.
Sin embargo, la medida ha generado inconformidad entre vendedores informales, que han protagonizado protestas al considerar que sus ingresos están en riesgo. Frente a esto, la administración ha reiterado que los operativos se harán respetando el debido proceso y buscando soluciones concertadas.
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