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En América Latina está cambiando el tema de la conversación pública. La seguridad, un asunto de la mayor importancia para la Colombia de hoy, se ha convertido en el eje del debate, dejando en segundo plano asuntos como la inflación, la devaluación, el crecimiento económico o las reformas del Estado.
Cuando se le pregunta a un latinoamericano que ha emigrado a otro país, qué es lo que más valora de su nuevo lugar de residencia, el 99% contesta que la posibilidad de poder vivir tranquilo. Placeres tan simples como caminar, utilizar el transporte público o inclusive hablar por celular en la calle sin sentir miedo son los típicos ejemplos que mencionan. Aunque la posibilidad de acceder a un trabajo bien remunerado es esencial, siempre y por encima de todo estará la tranquilidad que da el sentirse seguro en el día a día.
La inseguridad y la violencia en las calles son las principales preocupaciones de los ciudadanos en la región, según la primera encuesta de la OCDE sobre confianza en las instituciones, realizada en diez países entre 2023 y 2025. Los números son contundentes: el 60% de los encuestados identifica la delincuencia o la violencia como uno de los tres principales problemas de su país.
No resulta nada extraño si se tiene en cuenta que este pedazo de continente ha visto y padecido en las últimas décadas el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales y la pérdida progresiva de control territorial por parte del Estado. Con apenas el 8% de la población mundial, la región concentra casi un tercio de los homicidios globales, y la mitad de esos crímenes tiene conexión directa con el crimen organizado, el doble de la proporción que se registra en el resto del mundo. La violencia que muchos veían relativamente lejana porque no afectaba su diario vivir ha dado paso a una zozobra constante en la que salir de casa se puede convertir en un acto arriesgado. De ahí que los votantes estén buscando figuras que les ofrezcan orden, control y resultados.
Muestra de ello fue el resultado de las elecciones en Ecuador ganadas por Daniel Noboa, la propuesta de José Antonio Kast que conquistó a los votantes en Chile o los gobiernos de derecha en Argentina (Javier Milei) y Paraguay (Santiago Peña), además de distintas figuras que comienzan a destacar en Perú y Bolivia. Mención aparte merece el caso de El Salvador, uno de los países que hasta hace unos años era de los más violentos del mundo, pero que ha sabido afianzar un modelo para recuperar la autoridad estatal, reducir los índices de criminalidad y disuadir a las estructuras ilegales.
Las decisiones del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, con todas sus luces y sombras, han llevado a que comunidades que antes eran controladas por pandillas y maras, hoy tengan una sensación de tranquilidad. En 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador registró 2.390 homicidios; en 2024 cerró con 114. Esos resultados no significan que su metodología sea exportable a todo el continente o que la experiencia salvadoreña sea el paradigma latinoamericano.
El mapa político latinoamericano muestra una intención de voto que tiende hacia la mano firme, pero no para eliminar derechos humanos básicos o saltarse el debido proceso que le corresponde a toda persona que es investigada, sino para no seguir jugando con la ambigüedad y la indecisión de la que han hecho gala otros gobernantes. Los ciudadanos están votando en contra de los gobiernos actuales, independientemente de su ideología, buscando líderes que prometan orden y seguridad. El caso de Chile es ilustrativo: aunque la victimización real ha bajado, la percepción de inseguridad escaló de 76,8% a 86,9%, al punto de que incluso el gobierno de Gabriel Boric, poco inclinado a las medidas de corte punitivo, terminó lanzando en 2024 planes de refuerzo policial y carcelario ante la presión ciudadana.
El mensaje es claro: el Estado tiene que estar ahí para proteger y defender a quienes cumplen la ley, a quienes respetan la vida, la integridad y la propiedad. No puede ser un ente neutral que relativiza el bien y el mal y que equipara a los que delinquen con los ciudadanos que actúan con corrección.
Y el costo de esa neutralidad no es solo moral, sino económico: el crimen y la violencia le cuestan a la región el 3,4% del PIB anual, una cifra equivalente al 80% de los presupuestos públicos de educación, al doble de lo que se destina a asistencia social y doce veces la inversión en investigación y desarrollo.
Nadie, con excepción de los delincuentes, quiere seguir viviendo en una sociedad sometida a la normalización del pago de extorsiones y en la que la impunidad sea el pan de cada día. Quienes se comprometan a cambiar esta realidad, serán los elegidos de los próximos comicios. Sin sacrificar la calidad democrática, encontrando el equilibrio justo entre la mano firme y el respeto a la ley, una mayor seguridad sí es posible para los países de América Latina.
Vivir tranquilos es el nuevo sueño latinoamericano. .