El panorama pensional en Colombia atraviesa una semana intensa, que encendió el debate. En el centro de la controversia se encuentra Decreto 0415 de 2026, que obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones, un monto que, aunque parezca astronómico, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán calificó de forma llamativa como “un pelo de un gato” si se compara con el volumen total de recursos que todavía gestionan los fondos privados.
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La frase de Dussán busca matizar el impacto de la medida ante las alertas del sector privado, argumentando que estos recursos pertenecen legítimamente a los 119.000 afiliados que decidieron trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
Según el funcionario, el cambio de administración de estos 25 billones de pesos es simplemente un acto de coherencia: como estas personas ahora son parte de Colpensiones, su dinero debe seguir el mismo camino para respaldar sus futuras prestaciones.
Sobre el destino de este capital, Dussán aseguró que los recursos se mantendrán bajo las normas de ahorro vigentes, custodiados en la fiduciaria de la Previsora Nacional.
¿Por qué se trasladarán $25 billones de fondos a Colpensiones?
Desde el punto de vista institucional, Colpensiones sostiene que la reglamentación es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema. Con corte a febrero de 2026, la entidad reporta que cerca de 120.000 ciudadanos han utilizado el mecanismo excepcional de Oportunidad de Traslado.
De este grupo, aproximadamente 25.000 personas ya tienen reconocida su pensión y están recibiendo sus mesadas directamente de Colpensiones. El problema técnico, que el Gobierno denomina descalce, radica en que el Estado ya está asumiendo el pago de estas pensiones mientras el ahorro acumulado por esos mismos trabajadores sigue en las cuentas de los fondos privados.
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El decreto especifica que los recursos deben moverse para dos grupos prioritarios: quienes ya están pensionados por la entidad pública y aquellos que, tras ejercer su derecho al traslado, están próximos a jubilarse pero siguen vinculados al Régimen de Prima Media.
Para los afiliados activos, el cronograma es estricto, otorgando a las AFP un plazo de 20 días para girar la mitad de los fondos y 10 días adicionales para el saldo restante. En el caso de los que ya disfrutan de su jubilación, el traslado total del capital acumulado debe completarse en tan solo 15 días.
Tensiones entre Colpensiones y los fondos privados
A pesar de la tranquilidad que intenta transmitir el presidente de Colpensiones, Asofondos, el gremio de las AFP, mantiene una postura de rechazo absoluto. Para los fondos privados, el traslado de estos 25 billones de pesos es una medida lesiva que incumple la ley vigente y vulnera la propiedad del ahorro de los trabajadores.
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El argumento de los privados es que el mandato de las administradoras es cuidar el ahorro de los afiliados y que el decreto genera una contradicción legal que deberá resolverse en los tribunales mediante acciones legales ya anunciadas.
Mientras Dussán insiste en que la sociedad colombiana está presenciando un cambio necesario en la administración de su ahorro, los expertos advierten sobre las complejidades técnicas de mover tal cantidad de dinero en plazos tan cortos, especialmente cuando el 70% de esos recursos está invertido en deuda pública.
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