El recaudo del impuesto al patrimonio para personas jurídicas está lejos de lo esperado por el Gobierno Nacional. De hecho, el dinero recogido en la primera cuota, de dos pagos programados, no alcanza ni a cubrir una tercera parte de la emergencia económica decretada para atender la ola invernal.
Las compañías con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones tenían que realizar el primer pago a inicios de este mes. No obstante, datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) revelan que a corte del 14 de abril solo se recaudaron $2,43 billones de los $8,3 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda en el Decreto 173 de 2026, que oficializó este gravamen.
La Dian solo pudo juntar en la primera cuota alrededor del 29% del dinero. En teoría, la Dian debió reunir en sus arcas $4,15 billones por concepto del nuevo impuesto, ya que cada pago es del 50%. La realidad es que hay un desfase de $1,72 billones en comparación con esas proyecciones.
El sector de Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros fue el principal contribuyente al impuesto, aportando más de $1,12 billones. Esta cifra representa casi la mitad del recaudo total.
El segundo fue Comercio al por mayor y al por menor (incluyendo transporte y alojamiento), con aproximadamente $368.612 millones, seguido muy de cerca por los sectores de Manufactura, con $237.892 millones (ver infografía).
¿Una cifra inflada?
La primera lectura de los críticos del Ejecutivo obedece a que el resultado confirma que la meta del MinHacienda es poco realista y técnica. “Es una cifra absolutamente inflada como las que usualmente sacan desde la política hacienda y fiscal de este gobierno”, cuestionó Lisandro Junco, exdirector de la Dian.
Para el experto, el problema radica en el diseño del impuesto. A su juicio, se trata de un tributo “mal hecho”, que no logró capturar la base esperada.
Añadió que muchas empresas no permanecieron pasivas frente a la medida. Por el contrario, implementaron estrategias legales para reducir su carga tributaria.
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“Muchas empresas y universidades hicieron planeaciones tributarias defensivas que son legales para reducir esa exposición”, dijo el exfuncionario. Estas acciones incluyeron reorganización de activos, revisión de estructuras corporativas y ajustes en la valoración de patrimonios, siguiendo las normas contables y fiscales vigentes.
La realidad es que los analistas consideran que el bajo recaudo está explicado por varios factores. Henry Amorocho, gerente de Amorocho&Daza y docente de la Universidad del Rosario, señaló que uno de los principales elementos es la incertidumbre que despertó el Gobierno al insistir con tributos al patrimonio.
Hay que recordar que incluyó gravámenes similares en reformas tributarias que fueron rechazadas por el Congreso en dos ocasiones. Luego, en esta emergencia económica se decretó por primera vez el impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sucursales extranjeras, una medida que no fue bien recibida por expertos tributarios ni presupuestales.
No se puede dejar de lado que existen dudas sobre la validez de la emergencia. Diversas interpretaciones apuntan a que las lluvias no constituyen un hecho sobreviniente, ya que en Colombia son recurrentes, lo que podría derivar en la inexequibilidad de la medida, según Amorocho.
Posible salida de capitales
Con eso de fondo, el experto en impuestos considera que el temor a esta clase de impuesto generó una posible salida de capitales del país. “Las personas venían conociendo del impuesto y algunos optan por defenderse, lo que incluso genera salida de capitales”, dijo.
Su análisis apunta a que algunos optaron por mecanismos alternativos. Por ejemplo, realizaron acuerdos de pago con la Dian, accediendo a condiciones más favorables en tasas de interés.
Una parte prefirió declarar el impuesto, pero decidió no pagarlo de inmediato, asumiendo el costo de una tasa de interés moratoria cercana al 25,52%, equivalente a la tasa de usura certificada. Eso para darle espera a un eventual fallo de la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del tributo.
De hecho, sobre eso, EL COLOMBIANO contó el pasado 31 de marzo (en el artículo Con emergencia económica de Petro, 3.000 empresas paisas pagarán $1 billón de impuesto al patrimonio) que algunas empresas efectivamente tomaron la decisión de declarar su patrimonio ante la Dian, pedir plan de pagos, pero todavía no girar la plata.
Incluso, se habló de empresarios que optaron por no acatar esta norma, es decir, evadir por completo ese tributo y no declarar ni desembolsar. Algo que explicaría parte del bajo recaudo.
Amorocho advierte que hay múltiples elementos que podrían llevar a que el impuesto sea declarado inconstitucional. Entre ellos, menciona posibles problemas de doble tributación, debido a anticipos ya pagados, así como cambios en el periodo de causación, que afectarían el principio de periodicidad.
En esa línea el Consejo Gremial ha insistido una y otra vez en un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la situación. En concepto del gremio, se está consolidando “un daño patrimonial irreversible para miles de empresas y puestos de trabajo en Colombia”.
Lo cierto es que ese ambiente de inseguridad jurídica ha influido directamente en el comportamiento de los contribuyentes. La posibilidad de que el impuesto sea anulado ha incentivado estrategias para diferir o evitar el pago.
Aun así, el próximo 4 de mayo, las empresas deberán tributar la segunda cuota de este impuesto, pero el panorama no parece favorable. Desde ya, los consultados anticipan que la meta de $8,3 billones difícilmente se cumplirá.
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