Tras una jornada de protestas que se sintió en varias regiones del país el pasado 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lograron destrabar un acuerdo clave para ajustar e impulsar la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes, un sistema que desde su puesta en marcha ha estado rodeado de críticas por fallas en la prestación del servicio.
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El anuncio fue confirmado por el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona Abello, quien explicó que el entendimiento alcanzado con el gremio docente busca acelerar los cambios que comenzaron a ejecutarse desde mayo de 2024, pero que hasta ahora no han logrado consolidarse plenamente debido a obstáculos administrativos y financieros.
La negociación se dio en un contexto de creciente inconformidad entre los maestros, quienes salieron a marchar para exigir soluciones frente a demoras en citas, falta de especialistas, problemas en la entrega de medicamentos y barreras en la atención. Estas dificultades, según han señalado los sindicatos, han afectado a miles de docentes en todo el país y evidencian las debilidades del modelo actual.
De acuerdo con Bayona, uno de los principales problemas ha sido la estructura heredada del sistema, en la que durante años se consolidaron esquemas de subcontratación entre prestadores de servicios de salud. Esta situación, explicó, ha dificultado la transición hacia un modelo más directo y eficiente, en el que el FOMAG tenga mayor control sobre la red de atención y los recursos.
“Los procesos de cambio son complejos cuando existen concentraciones en la prestación y administración de los servicios”, señaló el funcionario, al referirse a lo que calificó como una especie de “monopolio” en algunos componentes del sistema, que ha ralentizado la implementación de las reformas.
¿A qué acuerdos llegaron FOMAG y FECODE?
Entre los puntos acordados con FECODE se encuentra la integración de la red de prestadores de salud, una medida que busca mejorar la articulación entre clínicas, hospitales y especialistas para garantizar una atención más oportuna. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la plataforma tecnológica Horus, herramienta a través de la cual se gestiona la atención en salud de los docentes y que ha sido objeto de múltiples críticas por fallas en su funcionamiento.
Otro de los compromisos clave es la ampliación de los canales de atención. Según el FOMAG, los maestros contarán con más opciones para acceder a los servicios, y en aquellas zonas donde no haya cobertura suficiente por parte de las EPS, se recurrirá a operadores privados para suplir la demanda.
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El acuerdo también incluye la creación de un plan de seguimiento territorial, que será implementado en conjunto con los sindicatos regionales. La idea es hacer un monitoreo más cercano de la prestación del servicio en los departamentos, identificar fallas específicas y adoptar soluciones más ajustadas a las realidades locales.
En cuanto a los tiempos, el cronograma se convierte en uno de los puntos más sensibles. Bayona indicó que se estableció un plazo de aproximadamente dos meses para avanzar en los procesos de contratación necesarios y mejorar la cobertura en los territorios donde persisten mayores dificultades. Este periodo resulta clave, especialmente si se tiene en cuenta que al actual Gobierno le quedan pocos meses, lo que presiona la ejecución de los compromisos.
Paralelamente al anuncio del acuerdo, el FOMAG reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la prestación de servicios por parte de una institución prestadora de salud. Según la entidad, la IPS habría cancelado servicios médicos de manera injustificada, sin que existiera incumplimiento contractual por parte del Fondo.
Los hechos denunciados incluyen la suspensión de cerca de 90 servicios especializados durante un paro docente en febrero de 2026, así como la presunta negativa a trasladar pacientes a otros centros asistenciales. Estas situaciones, de acuerdo con el FOMAG, habrían puesto en riesgo la salud de los usuarios, especialmente de aquellos en condiciones más delicadas.
Adicionalmente, la denuncia menciona posibles traslados de pacientes entre instituciones sin su consentimiento, lo que podría constituir una vulneración al derecho a la libre elección en salud.
Mientras avanzan estas acciones legales, el reto principal sigue siendo la estabilización del modelo de salud del magisterio. Tanto el Gobierno como los representantes de los docentes coinciden en que este sistema no solo es crucial para garantizar el bienestar de los maestros, sino que también podría servir como referente para futuras reformas en el sector salud a nivel nacional.
Por ahora, el acuerdo alcanzado representa un alivio temporal tras las protestas, pero su éxito dependerá de la capacidad de las entidades involucradas para cumplir los compromisos en los plazos establecidos y responder, de manera efectiva, a las necesidades de los docentes en todo el país.
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