Desde que llegó al poder, el presidente Gustavo Petro Urrego tenía claro —tanto en su mente como en su Plan Nacional de Desarrollo (PND)— que el acceso al derecho a la salud en zonas rurales de Colombia era, no sólo escaso por la cantidad mínima de afiliados, sino complejo por la cantidad de barreras sociales, económicas, territoriales y administrativas. Al jurar como mandatario, prometió romper aquellas desigualdades.
En el último informe de metas del Gobierno, varios puntos y promesas resaltan por tener un alcance positivo: el analfabetismo disminuyó; las barreras para el acceso a productos y servicios relacionados con el cuidado de infancias también disminuyeron; así como el desempleo de larga duración y la pobreza dimensional.
Sin embargo, otros problemas sociales empeoraron: la inasistencia escolar creció en zonas rurales y el trabajo infantil creció en general. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, resaltó uno en específico: las barreras de acceso a la salud en zonas rurales también crecieron.
Este problema tiene dos aristas. Las barreras crecieron, aunque la cantidad de afiliados al sistema de salud también creció. Es decir, un índice (afiliados) es positivo y el otro (barreras) es negativo. Esa es, precisamente, la preocupación de la defensora.
”En salud, aunque sigue mejorando la cobertura de aseguramiento (afiliación), suben las barreras de acceso a servicios, pero no en cabeceras, sino en centros poblados y rural disperso en 0,6 puntos. Es decir, el acceso a salud rural no solo no ha mejorado, sino que se ha reducido”, dijo Marín.
La funcionaria, tras señalar el bache, citó al Ministerio de Salud en su publicación.
Cabe resaltar que en el PND el acceso a la salud en zonas rurales se estableció como uno de los puntos primordiales de acción para este Gobierno, al que le quedan solo cuatro meses. Es decir: el tiempo se agotó, y aún no se sabe si la ciudadanía, en las urnas, va a elegir la continuación del proyecto político.
Las promesas en salud incluían conformar redes integrales y mixtas de personal e infraestructura para la atención de pacientes; políticas de talento humano en salud, con enfoque de género, mejoramiento de la pertinencia, la cobertura; y distribución del talento humano en el territorio nacional (página 109 del PND).
En específico, en cuanto a salud rural, el documento estableció que se debía fortalecer la red hospitalaria en las zonas más apartadas (página 376). Y es que, una de las barreras más grandes que enfrentan los ciudadanos de zonas rurales para acceder a su derecho a la salud es la dificultad de transportarse hacia los centros asistenciales.
Algunos quedan muy lejos, otros están tras un camino/terreno complicado. Otros, lastimosamente, juntan ambos factores, haciendo imposible el desplazamiento. Allí también influye el conflicto armado, que conforma corredores peligrosos para la población civil, dejándola confinada.
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Este último punto causó revuelo recientemente. En una publicación del 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro compartió (a través de medios públicos y de sus cuentas personales en redes) un video de cómo llegan los servicios de salud a las zonas rurales del país.
El video generó polémica porque, se supone, deberían construirse hospitales dignos, no llevar los implementos por trochas. Además, aquella solución (compleja) no ataca el problema de raíz ni lo soluciona a largo plazo.
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