La amenaza en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al parecer salió desde la penitenciaría de El Barne, un complejo de mediana seguridad integrado a la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá.
Así lo expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una visita a la capital del Atlántico, este lunes.
“Esto viene de un procurador que estuvo hablando con un preso de la cárcel de El Barne y, a su vez, un coronel. No voy a decir el nombre para no meter en problema a nadie. El coronel fue y le avisó directamente al alcalde (...). Debió informarle a los generales y al gobierno central para tomar las medidas pertinentes, pero eso fue lo que sucedió”, expresó el funcionario.
Añadió que “también parece que desde otras cárceles se ha estado mandando amenazas en contra del alcalde Char”.
La situación de alerta se generó en la noche del domingo, cuando el mandatario local publicó un mensaje en su perfil de la red social X: “He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”.
Char hizo también “un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.
De manera oficial, las autoridades no han revelado cuál es la organización criminal que está detrás del supuesto plan.
El pasado 11 de abril, durante un recorrido por el barrio Bellarena, Char recibió múltiples quejas de los comerciantes, agobiados por el cobro de extorsiones por parte de las bandas.
“Todo el barrio extorsionado. Eso es lo que nos ha traído la paz total esa. A los únicos que cuidan es a los bandidos, y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas, como si estuvieran en una cárcel, por el miedo”, dijo ante las cámaras, aferrado a la reja de protección de una tienda.
Su crítica iba dirigida a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, mediante la cual se les han otorgado beneficios jurídicos a los jefes del crimen organizado y el terrorismo que se sentaron en mesas de diálogos con el Gobierno. Después de ese pronunciamiento, se conoció la amenaza.
En la capital atlanticense, el fenómeno de la extorsión está en manos de las bandas “los Costeños”, “los Pepes” y “los Rastrojos Costeños”, principalmente, pero también se han conocido cobros efectuados por emisarios de bandas de Medellín y células delictivas conformadas por migrantes venezolanos.
A estos se suman facciones locales patrocinadas por el Clan del Golfo y “los Pachenca”, dos carteles del narcotráfico que delinquen en el Caribe.
Por información que ayude a esclarecer el complot, el Gobierno dispuso una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos.
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